La Sexta Enmienda de la Constitución garantiza que un acusado debe contar con la asistencia de un abogado. Para la mayoría, eso significa que un abogado investigará los hechos y la ley de un caso criminal y determinará la probabilidad de una absolución, o llegar a un acuerdo con el fiscal.
En los casos del Distrito del Condado de Howard y del Tribunal de Circuito con acusados de habla hispana, el enfoque principal, en sí, es si el acusado podría enfrentar tiempo en cárcel, libertad condicional o multas. Los abogados también tienen la tarea de encontrar la defensa correcta para los acusados hispanos por el factor migratorio.
La Sexta Enmienda y los acusados de habla hispana
En muchos casos, las acusaciones se pueden resolver a través de un acuerdo con el fiscal. Estos acuerdos pueden proteger a un acusado de un sin número de graves consecuencias en caso de ser declarado culpable en el juicio. Para proceder con un acuerdo con el fiscal y para cumplir con la Sexta Enmienda, el abogado defensor tiene la responsabilidad de informar al acusado de habla hispana de los derechos a los que está renunciando por declararse culpable y de las posibles consecuencias. El derecho a un juicio por jurado, el derecho de confrontar e interrogar a un testigo, o el derecho a guardar silencio y negarse a testificar son todos importantes. También, no se puede pasar por alto el estatus migratorio de la persona, ya que esto puede ser de gran importancia para la defensa.
Las leyes de inmigración pueden ser muy severas para aquellas personas que comenten delitos menores o graves. El Departamento de Inmigración puede hacer que la deportación sea obligatoria para cualquier persona que no sea ciudadana de los Estados Unidos. No hay distinción entre el trabajador indocumentado, el titular de la visa de estudiante o incluso el residente permanente: la deportación es obligatoria.
La ley
Tradicionalmente, tanto los tribunales como los abogados si sienten apenados de decirles a sus clientes hispanohablantes que "si no son ciudadanos de los Estados Unidos, de ser encontrado culpable, el acusado puede enfrentar una deportación". Esa es la instrucción que la mayoría de los tribunales dan actualmente y los detalles que la mayoría de los abogados defensores normalmente brindan.
La Corte Suprema, sin embargo, ha intervenido en este asunto con el caso de Padilla v. Kentucky, 130 S. Ct. 1473 (2010). Este caso, que se discutió ante la corte en el 2009 y en marzo de 2010. Se tomó la decisión de que es obligatorio informarle a un acusado que enfrentará la posibilidad de una deportación. Si no se proporciona suficiente información acerca de la permanencia en el país del acusado, se puede
determinar que el abogado ha sido ineficaz al asistir a su cliente y se le puede otorgar un nuevo juicio basado en motivos constitucionales.
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